No las quiere nadie y, cuando parece que el tema está a punto de solucionarse, todo vuelve a cero. La historia de las diez toneladas de pilas y baterías que el Gobierno de la Ciudad juntó pacientemente durante ocho meses sigue sumando desencuentros. El objetivo era darle un destino final adecuado, que alejara los peligros de contaminación, pero el remedio resultó peor que la enfermedad: desde agosto del año pasado el material está almacenado en un predio estatal del Bajo Flores.
Ahora, la Agencia Ambiental porteña firmó un contrato con una empresa llamada Bafesa, por que tiene un relleno sanitario para residuos peligrosos en Campana y que estaba dispuesta por $ 76.000 a enterrar las pilas y baterías.
Pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires advirtió que no admitirá que el acuerdo se concrete, apelando al artículo 28 de la Constitución bonaerense, que prohíbe el ingreso al territorio provincial de desechos tóxicos y radiactivos".
"Lo nuestro es categórico: de ninguna manera vamos a aceptar las pilas. No sólo porque lo prohíbe nuestra Constitución, sino también porque tenemos la decisión política de no aceptar la contaminación. ¿Qué puede hacer la Ciudad con las pilas? Que las entierre en su territorio, si diez toneladas son lo que producen de basura en un par de días", dijo a Clarín el jefe de gabinete de la administración de Daniel Scioli, Alberto Pérez.
De lado porteño, la titular de la Agencia Ambiental, Graciela Gerola, se mostró enojada y rechazó la interpretación de Pérez: "Los estudios de laboratorio dicen que las pilas no son residuos tóxicos, como serían por ejemplo el PCB o el material nuclear. Sí son residuos peligrosos y por eso la empresa los enterrará en un relleno sanitario de seguridad, con una protección tres veces superior a los comunes, para asegurar que no se filtre las sustancias hacia el subsuelo".
"Esta es una pelea lamentable, que está generando que los residuos peligrosos se entierren en cualquier lado y que en la Argentina no tengamos una gestión ambiental correcta", agregó.
En 2008, precisamente la Agencia Ambiental pidió a los porteños que llevaran las pilas y baterías usadas a los CGPC, de modo que el Gobierno de la Ciudad les diera un destino seguro.
El año pasado, con diez toneladas ya juntadas, la Agencia estaba a punto de firmar un contrato para enterrar el material en un relleno de Córdoba. Pero cuando se supo públicamente hubo fuertes protestas vecinales, que generaron que las tratativas quedaran en la nada.
Ahora, la negociación con la empresa Bafesa se realizó en secreto, para que no hubiera problemas, pero la negativa es de las autoridades provinciales.
En el medio, la presidente de la Auditoría General de la Ciudad, Sandra Bergenfeld, anunció a este diario que hoy presentará una denuncia ante el fiscal ambiental Ramiro González, "porque no sabemos si ahora las pilas tienen las medidas de seguridad adecuadas en el Bajo Flores. Es un peligro que sigan en la Ciudad. La única solución que veo es exportarlas a países que tienen la tecnología adecuada para darles tratamiento".
Actualmente, con las pilas comunes, la indicación de las autoridades de la Ciudad es que sean tiradas al tacho de basura, porque tienen una cantidad de mercurio muy reducida con respecto a las antiguas. Las baterías recargables, en cambio, son más peligrosas y deben ser llevadas a los fabricantes, para que ellos se encarguen de darles disposición final.
No todos, sin embargo, están de acuerdo con esta política. María Eugenia Testa, de Greenpeace, explicó: "Nuestra posición es que ninguna pila deber ser tirada a la basura, porque si bien las comunes tienen una cantidad reducida de mercurio, igual son contaminantes. Por ellos creemos que los fabricantes deben hacerse cargo de todas las pilas y baterías cuando éstas ya no están más en condiciones de ser usadas, como lo hacen en otros países del mundo, donde son recicladas".
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